Bloqueos de rutas, concentraciones en tribunales, marchas y un gran cacerolazo nacional son las convocatorias para este “superlunes” de protestas sociales en Chile, donde empieza la tercera semana de una crisis sin salida a la vista y que desgasta al gobierno de Sebastián Piñera.
“Esto aún no termina”, dicen los llamados por redes sociales para este “superlunes” en Chile, uno de los países más estables de América Latina hasta el 18 de octubre, cuando un estallido social sin precedentes desde el retorno a la democracia en 1990, sorprendió a un poder político que todavía no vislumbra cómo controlar la crisis.
La rabia en la calle, que ha dejado 20 muertos, es en contra de un Estado ausente en educación, salud y pensiones dentro de un modelo económico de libre mercado, donde una minoría controla la riqueza del país. De esta manera se han multiplicado las voces de izquierdas y derechas que piden cambiar la Constitución, una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet.
Muchas de las urgencias sociales son imposibles de concretar sin una nueva Constitución. Es necesario pasar de una Constitución con un rol subsidiario del Estado a una Constitución con un rol social del Estado”. Lily Pérez, exdiputada y exsenadora de derechas.
El presidente Piñera, que tuvo que cancelar la organización de la APEC y la cumbre de clima de la ONU, COP-25 previstas para este mes, afirma que prefiere antes que nada “un diálogo amplio”.
Sin embargo paga con una caída estrepitosa de popularidad sus errores y tropiezos en la gestión de la crisis desde el primer viernes de protestas violentas, que percibió como un tema de desorden público.
En un fin de semana frenético, con saqueos a supermercados, incendios de infraestructuras y desmanes, decretó el estado de emergencia, sacó a los militares a las calles e impuso un toque de queda, todas medidas que se pensaban sepultadas desde la época de mano dura de Pinochet.
Según una encuesta de Cadem divulgada el domingo, un 87% está a favor de que se cambie la actual Constitución.
