Por los delitos de “lavado” de dinero y defraudación fiscal, la Procuraduría General de la República (PGR) cumplió dos órdenes de aprehensión concedidas por un juez de Tabasco contra el ex gobernador Andrés Granier, quien está hospitalizado desde hace 10 días.
Un juez federal deberá determinar si permanece en calidad de detenido en el hospital o es enviado a prisión.
En Villahermosa, dos ex funcionarios del gobierno de Granier comparecieron ante el Ministerio Público local y dijeron estar dispuestos a colaborar en la indagatoria por el desfalco de más de dos mil 400 millones de pesos en la pasada administración.
El Juez Cuarto de Distrito de Tabasco dictó ayer dos órdenes de aprehensión contra el ex Gobernador Andrés Granier Melo por la probable comisión de delitos de operaciones de procedencia ilícita y defraudación fiscal, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR).
De esta manera, el ex mandatario se convierte en el quinto servidor público de la pasada administración de Tabasco en ser puesto tras las rejas por orden de un juez y a solicitud tanto de autoridades estatales como federales.
A trece días de que el ex mandatario arribara a México, la PGR solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) girar las órdenes contra Granier Melo, quien se encuentra arraigado en un hospital del Distrito Federal por una supuesta enfermedad.
Andrés Granier Melo, Gobernador de Tabasco de 2007 a 2012, es acusado por el actual mandatario, Arturo Núñez, por el desvío de más de 20 mil millones de pesos y un faltante de más de mil 900 millones.
El domingo pasado, Eduardo Luengo Creel, abogado del ex Gobernador de Tabasco, reveló que hizo llegar una carta al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, para solicitarle la intervención de la dependencia a su cargo en el arraigo que se dictó en contra de su cliente.
La misiva fue entregada en la Unidad de Documentación y Análisis de la Oficina del funcionario federal y en ella se explica que la petición se funda en el hecho de que la medida cautelar no cumple con la ley y “fue dictada de manera arbitraria”.
En el documento, de tres páginas, se lee: “Señor Procurador General de la República: no se trata aquí de ganar el caso a un abogado, ni de derrotar a la defensa; si se ejecuta esa medida cautelar con la participación de las autoridades federales, en las condiciones dadas hasta este día, en realidad, se derrota la dignidad del hombre”.
Y agrega: ”Contra los males del arraigo queda el sano criterio de la autoridad ministerial o judicial para contrarrestar los efectos perversos. Por ello le pido a usted respetuosamente que cese la intervención de la PGR en los actos de ejecución de la medida de arraigo”.
