La administración de Alfonso de Maria y Campos al frente del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) terminó con un daño patrimonial de cuatro millones 53 mil pesos que fueron desfalcados por el área de Medios de Comunicación que dirigía Julio César Castrejón Dorantes, a quien la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 11 años.
De acuerdo con el Expediente Administrativo R-119/2012 emitido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 1 de julio pasado –del cual Excélsior posee una copia–, el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control encontró “administrativamente responsables” a 17 funcionarios públicos, de los cuales dos fueron inhabilitados.
Julio Castrejón omitió recabar la documentación comprobatoria de los recursos económicos erogados mediante la expedición de 55 cheques.” Órgano interno de control
Durante los periodos 2010 y 2011, desde la Dirección de Medios de Comunicación se expidieron más de 400 cheques cuyo monto no pudo ser comprobado. Las irregularidades que obligaron al cese de Castrejón Dorantes en 2011, se le imputan también a los servidores públicos Jonathan Caleb Luna Huerta, Juan Manuel Flores Cantú y José Luis Grande Sánchez como los principales responsables del daño patrimonial.
Entre los cuatro servidores públicos suman un perjuicio de tres millones 705 mil pesos que para la SFP constituyen “beneficios adicionales a las prestaciones que como funcionarios públicos tenían derecho”. De acuerdo con el documento, la Dirección de Medios de Comunicación del INAH recibió durante 2010 y 2011 un presupuesto de 20 millones 649 mil 116 pesos.
De esa cantidad, la SFP detectó irregularidades para la comprobación de 214 cheques que fueron expedidos en 2010; al realizar el análisis del soporte documental determinó que quedaban pendientes por comprobar un millón 779 mil 928 pesos. Para el periodo 2011 encontró irregularidades en 207 cheques que sumaban más de cuatro millones de pesos, de los cuales dos millones 483 mil 899 pesos no pudieron ser comprobados.
Tras realizar las audiencias de rigor, la dependencia determinó que el ex director de medios del INAH fue responsable de expedir 55 cheques “sin contar con la documentación idónea que ampare el debido pago de estos recursos económicos”, los talones suman un perjuicio de 417 mil 590 pesos.
Además se le adjudicó a Castrejón Dorantes responsabilidad al expedir cheques sin contar con recursos suficientes para su cobro, lo que generó pago de comisiones bancarias por fondos insuficientes por la cantidad de 45 mil 261 pesos.
En virtud de que el funcionario “no aportó los elementos de juicio” para deslindar sus responsabilidades y debido a que Castrejón Dorantes ya contaba con antecedentes de sanción por el incumplimiento de sus responsabilidades como servidor público, la SFP determinó la “inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 11 años y sanción económica” de 462 mil 853 pesos.
Respecto a la responsabilidad de Jonathan Caleb Luna Huerta, quien se desempeñaba como administrador de la Dirección de Medios, la SFP determinó inhabilitarlo por 20 años e impuso una sanción económica por un millón 860 mil 620 pesos, debido a que se expidieron 156 cheques a su nombre cuyo gasto no fue comprobado.
Al administrador se le atribuye además “como nuevo elemento de juicio” el haber enviado a otros funcionarios a cobrar cheques a su nombre a la institución bancaria Banamex.
A Juan Manuel Flores Cantú, quien actuaba por instrucciones de Luna Huerta, se le impuso sanción administrativa consistente en Amonestación Pública y sanción económica por la cantidad de un millón 38 mil 300 pesos.
José Luis Grande afirmó que su responsabilidad en el perjuicio obedeció a cumplir órdenes de sus superiores, quienes le ordenaban acudir al banco a cobrar cheques expedidos a su nombre; la SFP determinó en este caso amonestación pública para el funcionario y sanción económica de 344 mil 213 pesos.
En la audiencia donde Castrejón Dorantes tuvo oportunidad de exhibir sus argumentos de defensa, imputó la responsabilidad de sus acciones a Luna Huerta, “ya que supuestamente el procedimiento para la firma de los cheques, era previo cotejo de su parte, de la documentación respectiva, que constaba de la póliza de cheque, que debía contener fecha, objetivo y destinatario”.
En respuesta la SFP determinó que “como su superior jerárquico y encargado de dicha Dirección, debió tener un mejor control de los recursos económicos”. De acuerdo con el documento, Luna Huerta no se presentó a la audiencia de ley, a pesar de que fue notificado.
Excélsior buscó ayer al ex director del INAH, Alfonso de Maria y Campos, en los teléfonos de la dirección del Instituto Matías Romero, donde ahora se desempeña, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta del funcionario.
