Ciudad Victoria, Tamaulipas. Un juez dictó sentencia condenatoria contra 12 policías estatales por su participación en la masacre de 19 personas, 17 de ellas migrantes centroamericanos, en el municipio de Camargo, Tamaulipas, el pasado 21 de enero de 2021.
Se trata de uno de los casos más graves de violación a los derechos humanos de los migrantes en México, que ha generado indignación y reclamos de justicia tanto a nivel nacional como internacional.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que el agente del Ministerio Público presentó diversos medios de prueba, desde testigos en el lugar del hecho hasta científicos y tecnológicos, que permitieron demostrar fehacientemente la responsabilidad de los hoy condenados en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, delitos contra la administración de la justicia y falsedad de declaraciones.
El juez citó para el próximo 19 de septiembre para establecer la pena para los sentenciados, que podría ser de hasta 50 años de prisión para cada uno.
Según la versión oficial, los policías pertenecían al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y actuaron bajo las órdenes de Horacio Rocha Nambo, jefe operativo del grupo, los agentes persiguieron y dispararon contra dos vehículos en los que viajaban las víctimas, que pretendían llegar a Estados Unidos.
Luego remataron a los heridos, prendieron fuego a sus cuerpos y mintieron sobre su participación en el hecho, entre las víctimas se encontraban 16 guatemaltecos, dos mexicanos y un salvadoreño.
La masacre de Camargo se suma a otras atrocidades cometidas contra los migrantes en Tamaulipas, un estado fronterizo con Estados Unidos que es escenario de una violenta disputa entre grupos del crimen organizado por el control del territorio y las rutas del tráfico ilícito.
En 2010 y 2011, se registraron dos masacres en el municipio de San Fernando, donde fueron asesinados más de 250 migrantes, principalmente centroamericanos, en 2014, se descubrieron fosas clandestinas con al menos 193 cadáveres en el mismo municipio.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado la vulnerabilidad y la violencia que sufren los migrantes en su tránsito por México, donde son víctimas frecuentes de extorsión, secuestro, trata, explotación y asesinato por parte de grupos criminales y autoridades corruptas.
También han exigido al gobierno mexicano que garantice su protección y su acceso a la justicia, así como que investigue y sancione a los responsables de estos crímenes.
Yesenia Valdez, abogada de las familias de las víctimas, parte del equipo jurídico de la Fundación para la Justicia, dijo que la sentencia condenatoria es un precedente histórico para no dejar impunes los delitos que atentan contra la vida y los derechos humanos de los migrantes. “Queremos que sepa lo relevante que es para las familias la sentencia que usted emite, es el primer grupo de familias que ve como se condena a los perpetradores por una masacre migrante”, expresó ante el juez.
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