Monterrey, Nuevo León,. Abogados penalistas y constitucionalistas han alertado sobre la posible incursión de Samuel García Sepúlveda en delitos como usurpación de funciones públicas o ejercicio ilícito del servicio público, con penas que podrían alcanzar hasta siete años de prisión.
Esto surge tras su controvertida decisión de “reasumir” el gobierno de Nuevo León, desafiando la afirmación del Congreso local de que su licencia sigue vigente hasta el 2 de junio de 2024.
Gabriel Regino, abogado penalista, respalda la interpretación del Congreso, indicando que García está impedido para realizar actos de gobierno.
Además, señala que el uso de la fuerza pública podría resultar en el delito de rebelión, con penas de 2 a 14 años de prisión.
El constitucionalista Francisco Burgoa destaca las responsabilidades administrativas y penales para aquellos que sigan las instrucciones de García, subrayando que actualmente no ostenta cargo público y hace un llamado a los ciudadanos a documentar y denunciar posibles usurpaciones de funciones públicas.
El abogado advierte a los servidores públicos de Nuevo León a ignorar a Samuel García hasta que el Congreso o el Poder Judicial de la Federación dicten lo contrario, para evitar problemas administrativos y jurídicos.
A pesar de estas advertencias, el constitucionalista Jaime Cárdenas Gracia sostiene que García mantiene su cargo, argumentando que gobierna el gobernador legítimamente elegido.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) presentó el proyecto de resolución de la magistrada Janine Otálora, declarando infundado el reclamo de Samuel García sobre la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino de Nuevo León.
Según el proyecto, la designación del Congreso local cumplió con las directrices del TEPJF, generando los consensos necesarios según los artículos constitucionales pertinentes, destaca que no es necesario un consenso unánime ni cumplir con otros principios expresados por algunos magistrados.
La magistrada subraya que el Congreso dio cumplimiento a la sentencia, generando consensos y designando a la persona con mayoría de votos, por lo que descarta los reclamos de Movimiento Ciudadano y algunos diputados, considerándolos sin interés legítimo.
El proyecto también apercibe a la Sala Regional de Monterrey por demoras en los informes de cumplimiento del Congreso local.
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