Gregoria Hernández recibió el lunes la confirmación de que 12 de los 13 marinos acusados de desaparecer a su hijo Noe Ignacio Alférez Hernández, de 22 años, fueron puestos en libertad. Seis meses después de la detención y vinculación a proceso, los doce uniformados fueron excarcelados por decisión de Faustino Gutiérrez Pérez, juez de control de Tamaulipas, quien ordenó que se reponga el proceso atendiendo a un amparo presentado por los uniformados.
Los marinos están señalados por la desaparición de Alférez Hernández y de Jonathan Ballesteros Loza, ambas ocurridas el 17 de febrero de 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. “Como son del gobierno lo tapan todo. Hacen y deshacen lo que quieren”, dijo Hernández, en entrevista con Animal Político.
Los marinos forman parte de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) y llevaban en prisión desde abril de este año, cuando 30 elementos fueron vinculados a proceso por cuatro desapariciones forzadas perpetradas en Nuevo Laredo en el primer semestre de 2018. Entre los 12 excarcelados se encuentra el capitán Alfredo Reyes Mondragón, quien estaba al mando del grupo de élite en la ciudad fronteriza cuando se registraron las desapariciones.
Actualmente otros 18 marinos siguen en la cárcel, vinculados a proceso por otros dos casos de desaparición forzada: los de Julio César Viramontes y de José Luis Bautista Carrillo, desaparecidos también en 2018. No hay constancia de que estos otros dos casos tengan abiertos amparos similares, aunque la decisión del juez podría suponer un aliciente para la defensa de los uniformados.
La FGR tiene abiertas 34 carpetas por la desaparición de 47 personas que atribuye a la Marina: solo tres de ellas fueron judicializadas. La propia Semar reconoció su responsabilidad en un acto público de perdón celebrado en la ciudad fronteriza. De los 30 elementos de la Armada de México que fueron encarcelados en un principio, al menos 22 recibieron entrenamiento en EU y algunos recibieron instrucción incluso después de haberse perpetrado las desapariciones, según publicó Vice News.
RECURSO PREVISTO
La sentencia de amparo fue emitida el viernes 5 de octubre y en ella se admite la queja de los doce marinos contra el auto de formal prisión dictado el pasado abril, según adelantó el domingo El Universal. Fuentes conocedoras de la investigación consultadas por Animal Político explicaron que la sentencia ordena que se reponga el proceso, por lo que deberá celebrarse nuevamente una audiencia inicial y, en caso de que los marinos vuelvan a ser considerados posibles culpables, se volverá a debatir sobre su prisión provisional. No obstante, tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que es la que representa a las familias, tienen previsto recurrir la sentencia.
El juez Gutiérrez Pérez, con sede en Reynosa, es el mismo que en mayo de este año dio amparo al gobernador Francisco Javier García de Vaca para impedir que se ejecutase la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) había obtenido en su contra.
“Están mal las cosas que hacen. Es como si no las hicieran, porque como son del gobierno lo tapan todo”, dijo Gregoria Hernández. A pesar de que lleva tres años buscando a su hijo, ninguna instancia oficial le avisó de que los acusados iban a recuperar la libertad. Cuando se produjeron las detenciones, su gran esperanza era que alguno de los uniformados declarase durante el tiempo que estuvo en prisión y dijese qué había ocurrido con su hijo.
Noé Ignacio Alférez Hernández, de 22 años, desapareció el 17 de febrero cuando manejaba su vehículo junto a Jonathan Ballesteros Loza en la colonia Infonavit de Nuevo Laredo, cuando fue embestido por un vehículo de la Marina. Dos testigos declararon haber presenciado el golpe y cómo los dos jóvenes eran capturados por los oficiales. Una de ellas, dueña de un coche contra el que impactó el que manejaban las víctimas, fue obligada a entrar en su casa por oficiales que le gritaban “estamos haciendo nuestro trabajo”. Desde entonces no se ha sabido nada de los dos desaparecidos.
“Juegan con el dolor de las familias”
La decisión del juez generó el enfado de familiares de desaparecidos por la Marina en Nuevo Laredo. Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, dijo en conferencia de prensa que la decisión del juez es “un agravio” que generó “mucha impotencia, coraje y dolor en las familias”.
“Las autoridades siguen jugando con el dolor de las familias”, lamentó, quien consideró que existe una “estrategia para que haya impunidad” en la que participan el almirante Marco Antonio Ortega Siu, antiguo jefe de las fuerzas especiales de la Marina y señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como responsable de aquel operativo, junto con funcionarios de FGR y CEAV.
“Salen para volver a cometer los mismos delitos y las mismas vulneraciones a los derechos humanos. Es una vergüenza que funcionarios como Alfredo Reyes Mondragón estén libres”, dijo Ramos.
La noticia de la liberación de los doce marinos llegó un día antes de que las familias de los desaparecidos por la Marina iniciaran unas búsquedas en las inmediaciones del municipio fronterizo. Las familiares denunciaron que las búsquedas se habían desarrollado en zonas que ya habían sido trabajadas y consideraron que se trataba de una “simulación”. A pesar de ello los trabajos se extenderán hasta el próximo viernes.
