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Reynosa (México), 27 feb (EFE).- Con cuerpos sin identificar, depósitos de cadáveres a rebosar y una lista gigante de desaparecidos, en el norteño estado mexicano de Tamaulipas los familiares buscan sus allegados con la sensación de estar prácticamente solos en una batalla contra el olvido que los consume.
A Geovanni Barrios le secuestraron el hijo en 2008 en Reynosa, y una década después apenas inicia el cotejo de los centenares de cuerpos que llenan los cementerios forenses de este municipio, uno de los más violentos de México.
Su hijo, llamado también Geovanni, fue capturado en un centro comercial por más de 15 personas, entre miembros de la delincuencia organizada, policías de tránsito y otros agentes de seguridad.
“Pidieron un rescate y se perdió la comunicación. Y aunque las investigaciones las lleve la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), están sobrepasados”, denuncia Barrios, presidente de la asociación civil Justicia Tamaulipas.
Según la ONG Data Cívica, de los más de 34.000 desaparecidos registrados oficialmente en el país, 5.862 tuvieron lugar en Tamaulipas, y a 990 se les perdió la pista en Reynosa.
La cifra es mayor y las entidades civiles hablan incluso de 40.000, incluidos migrantes centroamericanos cuya desaparición jamás fue denunciada. Y este fenómeno va en aumento, advierte Barrios.
“Deben disminuir este tipo de crímenes que abarcan toda una familia. Por cada desaparecido en Tamaulipas, se afecta a entre 3 a 6 miembros de la familia”, considera el también maestro en derecho penal.
Lamenta que hoy sea más fácil “matar y desaparecer”. Y es que con las desapariciones, los esfuerzos policiales -en un país con un tasa de impunidad del 98 %- se centran en encontrar a la persona, no al culpable.
En la plaza central de Reynosa, a finales de enero tuvo lugar una recopilación de datos de familiares por parte de Justicia Tamaulipas.
Hubo colas enormes de gente sin conocer el paradero de sus familiares. Trajeron fotos y dieron señas particulares para que la ONG, de la mano de autoridades, busquen coincidencias en el registro de cadáveres estatal.
Un trabajo duro, demoledor, que llevan a cabo miembros de esta organización como Dulce María Vallejo o Elena Torres, dos mujeres que sufrieron la desaparición de su hijo y esposo, respectivamente.
Por miedo a represalias, ninguna de las dos quiere mostrar el rostro, pero no dudan en contar su historia.
Leonardo, el hijo de Dulce, desapareció en 2010 con 29 años, era policía metropolitano de Tampico, otra ciudad de Tamaulipas, y se lo llevaron mientras estaba trabajando.
“Sé que los marinos se lo llevaron”, explica la mujer, que cuenta que semanas antes de su desaparición tuvo un altercado con dos miembros de la Secretaría de Marina (Semar).
Elena busca a su marido secuestrado desde 2016. Hoy, al hablar de él, llora como si no hubiera pasado un solo día.
Su esposo, vendedor de ganado, se dirigía a un rancho cuando fue secuestrado, uno de los crímenes que más azota Tamaulipas con 140 casos en 2017, el 12 % nacional.
En una primera llamada, los delincuentes pidieron un rescate, pero jamás volvieron a contactarla.
“Nos hacen un daño muy grande y las autoridades no nos apoyan”, denuncia Elena, que miente a su suegra al decirle que su hijo está de viaje.
Siente, como Dulce y Geovanni, que las autoridades no hacen suficiente, aunque reconocen que el nuevo gobierno de Tamaulipas, en manos del conservador Partido Acción Nacional (PAN), busca marcar la diferencia.
En julio de 2017, se instaló el Sistema Estatal de Atención a Víctimas para proteger y reparar el daño a las personas agraviadas por un delito, y este febrero la Comisión Estatal de Atención a las Víctimas (CEAV), de nivel federal, instaló su delegación en Tamaulipas.
Uno de los principales retos es identificar los cuerpos que se amontonan en fosas comunes y las recientes pruebas de ADN para cotejar con familiares no dan los resultados esperados, con una tasa de éxito del 1 %, explica Barrios.
Desde Justicia Tamaulipas calculan que hay 3.000 cuerpos sin identificar solo en Reynosa.
Aunque la cifra no se pudo contrastar, las autoridades estatales trabajan en la construcción de cuatro cementerios forenses, con capacidad para unos 400 cuerpos cada uno, para poder avanzar en la identificación de cadáveres.
“Querían empezar a abrir nuevas fosas clandestinas, pero les dije (a las autoridades) ¿para qué buscar más cuerpos?”, añade Barrios.
Mientras continúa con su lucha, el presidente de Justicia Tamaulipas resume el sinvivir de quien desconoce el paradero de un allegado: “Al final todo es tan macabro que prefieres un asesinato a una desaparición. Así por lo menos sufres menos”. EFE
