.- Empresas ligadas a los hermanos Carmona habrían recibido recursos públicos de manera ilegal durante 2017 y 2018.
AgenciaTamNoticias / Martín Juárez Torres
Reynosa, Tamaulipas, 27 de agosto de 2025.
El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Salud y su apoderado legal, informó sobre la presentación de 70 denuncias, de las cuales 14 corresponden al orden penal, en contra de exfuncionarios de la pasada administración estatal, incluyendo al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Durante la conferencia de prensa encabezada por el director jurídico de la Secretaría de Salud, Iván Saldaña Magaña, se detalló que las investigaciones han revelado un esquema de corrupción que generó un quebranto superior a 346 millones de pesos al erario público, mediante contratos irregulares celebrados principalmente en los ejercicios fiscales 2017 y 2018.
EMPRESAS Y MODUS OPERANDI
Las denuncias señalan a dos empresas vinculadas a los hermanos Carmona: Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser, como beneficiarias de adjudicaciones directas y contratos de mantenimiento en hospitales sin cumplir los requisitos legales.
En varios casos no existieron licitaciones, cotizaciones ni facturas, además de detectarse pagos sin contratos firmados y expedientes incompletos en el Comité de Compras. Incluso, se documentó que proveedores distintos fueron beneficiados de manera irregular a través de fallos modificados.
El daño al erario se estimó en 221 millones de pesos de recursos estatales y 122 millones de origen federal, que debieron destinarse a hospitales, medicamentos y personal de salud.
PRINCIPALES IMPUTADOS
Entre los señalados se encuentran:
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador.
Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud.
Horacio García Rojas Guerra, exsubsecretario de Planeación y Vinculación.
Alejandro Aguilar Poegner, exsubsecretario de Administración y Finanzas.
Román Castillo Airola, exdirector de compras de la Secretaría de Administración.
DELITOS DENUNCIADOS
Las acusaciones incluyen uso ilícito de atribuciones y facultades, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las denuncias fueron presentadas en cinco instancias: la Fiscalía Anticorrupción, el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas.
NO ES PERSECUCIÓN POLÍTICA
Al ser cuestionado por los medios sobre una posible persecución política, Saldaña Magaña aseguró que se trata de un proceso jurídico sustentado en evidencias documentales y testimoniales, descartando cualquier motivación partidista.
“El gobierno de Américo Villarreal Anaya no persigue a nadie, lo que hacemos es transparentar hechos de corrupción que dañaron a Tamaulipas”, afirmó.
COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA
El apoderado legal destacó que se ha contado con la colaboración de exfuncionarios de la pasada administración, quienes han aportado información clave para robustecer las denuncias.
Finalmente, reiteró el compromiso del gobierno estatal de garantizar justicia, rendición de cuentas y la correcta administración de los recursos públicos, asegurando que las investigaciones seguirán hasta sus últimas consecuencias.
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