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Basificación injusta y nepotismo en ITACE provocan denuncia al Gobernador

Trabajadores exigen auditoría federal y estatal por presunto desvío de recursos, favoritismo político y abandono a estudiantes destacados. ¿Hasta cuándo los abusos quedarán impunes?

AgenciaTamNoticias

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 6 de junio de 2025

Una carta firmada por la base trabajadora del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) fue dirigida al gobernador Américo Villarreal Anaya para denunciar una serie de presuntas irregularidades graves en esa institución, encabezada actualmente por Claudia Anaya Alvarado.

La misiva acusa un proceso de basificación selectiva que beneficia únicamente a personal de confianza, administrativo y a exfuncionarios ligados al anterior gobierno panista, mientras se excluye a trabajadores con más de una década de antigüedad que cumplen todos los requisitos legales. Los denunciantes señalan que estas decisiones son arbitrarias y reflejan un uso político de los recursos públicos.

Además, los trabajadores solicitan auditorías estatales y federales ante la presunta desaparición de recursos destinados a prestaciones laborales, aguinaldos y programas de capacitación. “El recurso se recibe, pero no se entrega al personal”, denuncian. Aseguran que el destino del presupuesto institucional es incierto y exigen rendición de cuentas.

La carta también expone casos de nepotismo, señalando directamente a Patricia Garza, identificada como hermana ilegítima de la directora, y a su cuñado, quien, según la denuncia, maneja el área de compras y facturación, cometiendo presuntos actos de corrupción y desvío de fondos.

En el plano académico y deportivo, se acusa a la dirección de negar apoyo económico a estudiantes que han obtenido méritos reales para representar al estado en competencias nacionales. Los trabajadores afirman que los eventos organizados por la institución tienen más fines propagandísticos que educativos. Como ejemplo, mencionan el campeonato nacional de Césites realizado en Tampico, donde se habría gastado más de seis millones de pesos, sin claridad en la justificación del gasto y dejando inconformes a participantes y personal operativo.

“Pedimos justicia, transparencia y respeto. No más simulaciones ni abusos de poder”, concluye la carta, que incluye una lista de exigencias que van desde auditorías hasta la investigación formal por nepotismo y el respeto a los derechos laborales y estudiantiles.

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