ONU-DH pide investigar asesinato de jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas

La oficina de la ONU señaló que toda muerte relacionada con el uso de la fuerza por efectivos militares debe ser investigada de forma independiente por las autoridades civiles.

Por: Agencias

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió a las autoridades nacionales competentes a realizar una investigación diligente, pronta e imparcial sobre los hechos violentos ocurridos el 26 de febrero en la colonia Manuel Cavazos Lerma de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde, presuntamente, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habrían accionado sus armas de fuego en contra de una camioneta en la que viajaban seis jóvenes, cinco de los cuales fallecieron a consecuencia del ataque y uno más resultó herido.

La oficina de la ONU señaló que toda muerte relacionada con el uso de la fuerza por efectivos militares debe ser investigada de forma independiente por las autoridades civiles, las cuales deben contar con toda la información y colaboración de las corporaciones concernidas, por lo que hizo un respetuoso llamado para que se cumpla con realizar una investigación apegada a los estándares internacionales que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

Además, solicitó a las autoridades adoptar con urgencia las medidas pertinentes para proteger y atender debidamente a los sobrevivientes y testigos, así como a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas que han estado documentando lo ocurrido.

Por último, la ONU-DH dijo que la repetición de situaciones similares, a partir del accionar de las fuerzas militares en Nuevo Laredo, durante los últimos años, hace patente la necesidad de llevar a cabo un análisis objetivo y minucioso de las circunstancias en las que se hace uso de la fuerza y, en particular, las medidas que se deberían adoptar para prevenir graves violaciones a los derechos humanos, así como para remover todos los obstáculos que enfrenta la procuración de justicia para garantizar el enjuiciamiento y sanción de los responsables.

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