Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Hacienda del Senado tienen listo el dictamen que controlará el endeudamiento de estados y municipios, el cual establece “controles equilibrados” de carácter jurídico y político para cada entidad.
En entrevista, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Raúl Cervantes, explicó que después de escuchar a presidentes municipales, gobernadores, empresas calificadoras, bancos y especialistas, se diseñó una “arquitectura constitucional que pretende dejar a todas las partes involucradas satisfechas”, por lo que se propone que la Cámara Alta y la Secretaría de Hacienda compartan responsabilidades y sean el filtro de los futuros endeudamientos.
El legislador priísta detalló que hay una ruta trazada al interior de las comisiones para que en los próximos días se apruebe este dictamen “(la regulación del endeudamiento estatal), que conceptualmente tiene que ver con que haya controles jurídicos y políticos, y lo que se tiene que hacer es un diseño adecuado donde existan y convivan los dos (lo jurídico y político), cuándo es y qué efecto tiene uno con respecto al otro”.
Desde la perspectiva del priísta lo relevante en el dictamen no estará en el órgano que regulará la deuda estatal (Hacienda y el Senado, junto con congresos locales), sino la mecánica constitucional sobre el tema de los controles jurídicos y políticos del endeudamiento.
“El tema del endeudamiento estatal y municipal ha generado polémica debido al órgano que debe regular la deuda que adquieran las entidades; el grupo parlamentario del PAN propuso que fuera el propio Senado el ente regulador; sin embargo el PRD y los propios gobernadores piden que se mantenga como hasta ahora; es decir, que los congresos de cada estado autoricen los préstamos”, detalló Cervantes.
El coordinador del PRD, Miguel Barbosa, explicó que aún se discute entre las bancadas el tipo de responsabilidad que tendrán los nuevos entes reguladores, ya que todavía podrían haber cambios sustanciales.
“Debemos ser cuidadosos con las posturas de cada uno de los grupos al interior del Senado, pero la próxima semana se seguirá con el trabajo para concluir las negociaciones”, dijo.
El perredista consideró oportuno que el dictamen final contemple las distintas iniciativas en el tema y destacó que el avance que se tiene es importante, ya que se plantearía un nuevo esquema de control, transparencia y fiscalización de la deuda pública de los estados.
“Se establecerían las atribuciones y facultades de los congresos locales y la participación del Congreso de la Unión en la fiscalización de recursos públicos federales que sean utilizados para el fortalecimiento de las finanzas públicas de las entidades y municipios, y en las estrategias para atender casos de sobreendeudamiento”, expuso Barbosa.
El presidente de la Comisión de Hacienda, José Francisco Yunes Zorilla, aseguró que el dictamen contendrá aportaciones de todas las bancadas, pero aún así se espera un debate importante para determinar el tipo de responsabilidades tanto de los órganos reguladores como de los estados y municipios.
Al respecto el panista Héctor Larios, integrante de la Comisión de Hacienda, consideró importante encontrar un punto medio que permita respetar el federalismo y al mismo tiempo existan los filtros necesarios para una deuda responsable.
Explicó que para el PAN, las deudas deben ser aprobadas por los congresos locales y que el Senado tenga derecho a objeción, lo que daría la oportunidad para que la Cámara Alta prohibiera a un estado contratar algún tipo de deuda irregular.
El Senado de la República realizó foros y comparecencias con todos los sectores involucrados, y a raíz de eso se elaboró un mapa con las diferencias y coincidencias.
En este contexto, Carlos Orta, director regional de Desarrollo Regulatorio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dio a conocer que ya se trabaja en una “plataforma” que permitirá observar las “deudas reales” de cada entidad.
Las calificadoras Standard and Poors, Fitch México y HR Ratings se pronunciaron porque sea el Congreso, la Secretaría de Hacienda o una autoridad de orden nacional la que dicte las medidas para regular y establecer los límites de contratación y de pago para el endeudamiento de los estados y municipios.
En tanto, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) —que integran los 31 mandatarios estatales del país y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal— pidió al Senado de la República “pleno respeto” a las entidades y autonomía a los municipios, para que sean los congresos locales quienes definan la aprobación de endeudamiento, empréstitos o compromisos de pago.
Se comprometieron a atender siempre las reglas y límites que el Congreso de la Unión establezca en la Constitución y las leyes generales secundarias, pero pidieron que la fiscalización de los recursos provenientes de empréstitos sea competencia de las instituciones de control y fiscalización locales
