Rick Perry asegura que la Guardia Nacional ayudará a disuadir el tráfico de drogas e indocumentados
TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- El despliegue de efectivos de la Guardia Nacional a la frontera de Texas con México podría comenzar en los próximos días, pese a las críticas por la presencia militar en la zona y la persistente incertidumbre sobre su efectividad.
El gobernador de Texas, el republicano Rick Perry, ordenó el pasado 21 de julio el envío de hasta mil soldados de la Guardia Nacional a la frontera sur en respuesta a la ola migratoria en la zona y la ausencia de recursos federales para contenerla.
Justificó su decisión al sostener que el flujo de menores migrantes no acompañados ha absorbido los recursos de la Patrulla Fronteriza y otras corporaciones, forzándolas a enfrentar la crisis humanitaria y desviándolas de sus funciones de protección de la seguridad nacional.
Señaló que los soldados ayudarán a disuadir el tráfico de drogas e indocumentados, mientras que los agentes de la Patrulla Fronteriza se ocupan de detener y procesar a los migrantes menores de edad.
El gobernador ordenó el despliegue bajo la autoridad y financiamiento estatal, sin tener al menos hasta ahora el respaldo del gobierno federal para el operativo, que tendrá un costo estimado para los contribuyentes de Texas de unos 12 millones de dólares.
La acción de Perry es cuestionada por sus opositores políticos, pero también por académicos y organizaciones de derechos civiles que cuestionan el impacto presupuestario del despliegue y dudan de la efectividad del mismo.
Legisladores estatales expresaron su preocupación por el costo y la eficacia del despliegue como una herramienta para reducir el tráfico de drogas y personas además de otras actividades delictivas que han sido problemas de largo plazo.
“Esto no es nada más ni nada menos que un teatro político caro”, aseguró el representante estatal demócrata Sylvester Turner.
“Esto funciona, no porque reduce el crimen en la frontera, sino porque permite a los políticos de Texas afirmar que están ´haciendo algo´ sobre la inmigración ilegal”, destacó.
Funcionarios estatales reconocieron esta semana que el despliegue fue decidido sin que antes fuera elaborado un análisis o estrategia que determinara la necesidad del mismo.
Ni el Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas, ni la Guardia Nacional de Texas recomendaron el despliegue, admitieron el director de DPS, Steve McCraw, y el general adjunto de las Fuerzas Militares de Texas, John Nichols, ante un Comité de la Cámara de Representantes de Texas.
Un editorial del diario The New York Times expresó la semana pasada su preocupación porque el despliegue ordenado por el gobernador Perry carecerá de supervisión federal y se efectuará con tropas carentes de entrenamiento para conducir misiones en la frontera.
Este será el cuarto despliegue de soldados para vigilar la frontera
En la última década, el gobierno federal bajo las administraciones de los presidentes George W. Bush y Barack Obama ordenaron el envío de la Guardia Nacional en dos ocasiones.
En marzo de 2010, el entonces gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, dispuso el despliegue temporal de 250 efectivos.
Al término de esos operativos, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), el brazo investigador del Congreso, puso en duda la eficacia del uso de los soldados de la Guardia Nacional para la vigilancia de la frontera con México.
“La falta de una estrategia integral de seguridad fronteriza, dificulta la eficacia del trabajo que realizan los soldados de la Guardia Nacional desplegados en esta zona y su colaboración con la Patrulla Fronteriza”, apuntó la GAO en un reporte.
La Coalición Fronteriza de Texas (TBC), que reúne a alcaldes, jueces, funcionarios y líderes sociales y empresariales de más de una veintena de comunidades, ha expresado su oposición a esta medida.
Consideraron que la presencia de soldados en la frontera aumentaría el temor y las tensiones y sería perjudicial para el clima de negocios en el área.
Timothy Dunn, sociólogo del Salisbury College en Maryland, y autor del único estudio académico sobre la presencia militar en la frontera, advirtió que el uso de las fuerzas armadas para ayudar a frenar el cruce de indocumentados puede conducir a más abusos y violencia.
El roce de inmigrantes indocumentados con soldados entrenados para responder a situaciones solo con el uso de las armas, puede provocar incidentes de violencia.
“Las confrontaciones pueden ocurrir y ya han ocurrido antes”, recordó Dunn, quien desde hace más de una década monitorea las operaciones de las fuerzas armadas estadunidenses en la frontera sur, que comenzaron en 1979.
