Ciudad de México. – Luego de contar con el avance de las investigaciones científicas realizadas por la Procuraduría General de la República, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la Secretaria de Marina-Armada de Mexico asume la responsabilidad que deriva de los hechos en los que de manera circunstancial, resultó involucrado un vehículo civil ajeno a tales eventos.
Por lo anterior, se llevarán a cabo todas las acciones correspondientes, para proporcionar tanto la ayuda, como la reparación integral a los afectados, en cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Víctimas.
Cabe hacer mención que, tanto la información dada a conocer inmediatamente en aras de trasparentar el actuar institucional, como la postura asumida previamente, derivaron de los datos con los que se contaba al momento en el desarrollo de las investigaciones; sin pretensión alguna de ocultar ni minimizar el dolor de los civiles afectados.
Esta Institución del Estado Mexicano es respetuosa de la determinación de las autoridades competentes y acata sus resoluciones.
Finalmente, y no por ello menos importante, ratifica que lamenta profundamente los hechos en los que civiles perdieron la vida y reitera su más sentido pésame a sus familiares.
Asimismo, la Secretaría de Marina-Armada de México asume ante las y los mexicanos la responsabilidad social que ello representa, a pesar de constituir un hecho circunstancial, cuya causa fue originada por grupos delincuenciales que actúan desde el anonimato.
Anselmo Apodaca, titular de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR) , confirmó que el vehículo en el que viajaba la familia Rojas Ruiz fue alcanzado por los disparos realizados por efectivos de la Secretaría de Marina (Semar).
En un mensaje a medios, el funcionario señaló que el vehículo en el que viajaba la familia Rojas Ruiz iba en el carril de contraflujo y fueron alcanzados por los disparos realizados desde el helicóptero de la Semar.
La unidad en la que viajaban los civiles se desplazó aproximadamente mil 200 metros más con relación al punto del enfrentamiento y a consecuencia de los disparos que penetraron la carrocería, fallecieron dos menores de edad y una mujer adulta, además resultó herido el conductor y otra menor de edad, saliendo ilesa solamente otra menor.
De acuerdo a la explicación pericial, el vehículo en el que viajaba la familia Rojas Ruiz presentaba disparos de arriba hacia abajo del lado del conductor hacia el copiloto y esto se habría generado cuando la aeronave naval viró en el aire y disparaba.
Los estudios periciales refieren que la familia había salido de la casa de un familiar en la colonia Roma, en Nuevo Laredo y se dirigían a su domicilio en la colonia Nuevo Progreso.
Por su parte, el hecho de que la Procuraduría General de la República (PGR) haya señalado que los tres integrantes de una familia asesinada en Nuevo Laredo a finales de marzo fueron blanco de disparos de la Secretaría de Marina, es un “hecho inédito” que puede ser útil para alcanzar la justicia en este episodio y evitar que otros casos de este tipo vuelvan a ocurrir.
Así lo afirmó Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien subrayó que la familia no está interesada en pedir un acuerdo económico de reparación del daño, ni tampoco en denostar la imagen de las Fuerzas Armadas en su conjunto, sino en buscar que la muerte de una mujer y sus dos hijas no quede impune.
“Estamos ante el hecho inédito de que finalmente la PGR haya hecho un trabajo creíble. No pretendemos linchar la actuación del personal de la Marina, dada la tragedia que ellos mismos están viviendo con sus muertos y heridos, pero sí exigimos una disculpa pública por haber pretendido evadir su responsabilidad” en los hechos, manifestó el activista.
Ramos hizo énfasis en que la Armada de México debe asumir su responsabilidad por la ejecución extrajudicial ocurrida en la madrugada del pasado 25 de marzo, pero también en que la familia que él representa legalmente no está interesada en pedir una reparación del daño por la vía económica.
Luego de afirmar que la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deben seguir adelante con su investigación de los hechos, Ramos puntualizó que las indagatorias tendrían que ser asumidas por una autoridad civil, no castrense, y tomar esta experiencia como una lección para que no vuelva a ocurrir algo así.
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