Policías antimotines y agentes de la Guardia Nacional dispersaron el jueves con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas de aturdimiento una manifestación de cientos de estudiantes universitarios en Caracas, con saldo de siete estudiantes heridos, de acuerdo con activistas.
Algunos de los manifestantes arrojaron piedras y otros objetos contra los agentes de los cuerpos de seguridad que les cortaron el paso a las puertas de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Los manifestantes se habían concentrado en la plaza del rectorado de la universidad para salir al mediodía a protestar a la sede de la corporación estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que funge también como sede de la vicepresidencia del área económica que encabeza el ministro de Petróleo Rafael Ramírez.
La marcha fue convocada contra “el desempleo creciente y la crisis económica”.
Desde tempranas horas de la mañana, cientos de miembros de la Policía Nacional y la Guardia Nacional se habían apostado en los alrededores de la universidad para impedir la realización de la marcha.
Las autoridades habían negado el permiso a marchar a los estudiantes alegando que, en febrero, la oposición realizó una marcha similar en la capital venezolana que culminó en violentos incidentes que dejaron un saldo de tres muertos, varias decenas de heridos y destrozos en instalaciones públicas.
Juan Requesens, líder estudiantil de la UCV, dijo a The Associated Press que “colectivos armados están generando violencia contra estudiantes dentro de nuestra universidad” tras la acción de los cuerpos de seguridad.
Agregó que “colectivos encapuchados agreden a estudiantes que se manifestaban luego de que la Policía Nacional los reprimiera. Los colectivos entraron en motos a rondar por la universidad y se escucharon disparos”.
Según líderes de la oposición, los grupos armados pro oficialistas conocidos como “colectivos” son utilizados para intimidar y disolver manifestaciones de la oposición. Las autoridades han rechazado estos señalamientos y culpan a la oposición por las muertes.
Mientras yacía en el piso un joven, aparentemente herido, dentro de la universidad, los “colectivos le robaron las cámaras a dos fotógrafos de prensa y amenazaron al equipo de (la televisora privada) Televén para que cesaran de realizar tomas”, indicó Requesens. Se desconoce en qué condiciones estaba el joven lesionado.
Horas más tarde en una rueda de prensa, Requesens indicó que al menos siete estudiantes ingresaron al hospital universitario vecino, dos de ellos con heridas de perdigones, uno en un pie y otro en la cabeza, y varios otros tras recibir “golpizas de los colectivos”. No se reportaron muertos.
Denunció que los cuerpos de seguridad “vieron cómo de manera impune, a la vista de las autoridades del país, actuaron los colectivos”.
“Son muy buenos para reprimir manifestaciones pacíficas… pero son incapaces de detener a los violentos, a los que poseen las armas y a los grupos paramilitares que atacaron hoy a la universidad y sus estudiantes”, dijo el Requesens, quien denunció además que desconocen el paradero de un estudiante “que fue golpeado en la UCV”.
“Exigimos a los cuerpos de seguridad que aparezca”, acotó Requesens, sin dar otros detalles.
Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, en contra de la desbordada inflación, que alcanzó en febrero una tasa anualizada de 57.3%, el desabasto y un alto índice de delincuencia.
Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado al menos 35 muertos, 559 heridos y más de 1,700 detenidos, de los cuales 168 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales.
El presidente Nicolás Maduro ha desestimado las protestas considerándolas parte de un plan de la oposición para promover un golpe de Estado.
Tras la sugerencia de la comisión de cancilleres de la Unasur sobre crear un consejo de derechos humanos, Maduro promulgó el jueves un decreto para su inmediata activación.
Según el mandatario, el Consejo de Derechos Humanos, “con carácter de Estado”, tendrá la misión de “defender y velar por los derechos humanos” en situaciones “coyunturales”.
El decreto, que entrará en vigencia una vez sea publicado en la Gaceta Oficial, establece que esa instancia estará integrada por el vicepresidente Jorge Arreaza y los ministros de la Defensa, de Relaciones Interior, de las Comunas, Relaciones Exteriores, la Defensora del Pueblo, la Fiscal General y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia.
El gobernante además solicitó a la Asamblea Nacional que designe dos diputados en representación del Legislativo y a tres representantes de las asociaciones civiles de derechos humanos “más reconocidas”.
“También invitaré a la Unasur con un conjunto de expertos en derechos humanos que sean asesores, para que participen en esta estructura de derechos humanos que estoy creando para Venezuela”, agregó Maduro.
Los adversarios del gobierno y activistas de derechos humanos han denunciado casos de torturas, maltratos y tratos “crueles” de manifestantes cuando fueron arrestados por militares y policías.
