Las inundaciones causadas en los últimos días por los huracanes que azotaron ambos litorales mexicanos y afectaron 320 municipios hicieron evidente una vez más la ausencia de un programa nacional de prevención de desastres.
Hasta el momento no se cuenta con un atlas completo y confiable de riesgos naturales, sino retazos mal hechos en cada estado, lo que aumenta la posibilidad de que haya más pérdidas humanas y materiales, según coinciden en afirmar dos investigadoras del Instituto de Geografía de la UNAM.
Tampoco hay apoyo suficiente, advierten, para el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), cuyo presupuesto este año es de 90 millones de pesos, de los cuales la tercera parte va al pago de la nómina. Ese monto es inferior, por ejemplo, al que se le da a la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación: 130 millones de pesos.
Irasema Alcántara Ayala, de la Comisión Dictaminadora del Cenapred, dice de entrada que los huracanes Manuel e Ingrid hicieron ver que México sigue siendo un país reactivo, no preventivo.
“Estamos insertos en la gestión de emergencias pero no en la gestión integral de riesgos de desastres. Es decir, podemos organizarnos, gestionar los recursos, asumir la responsabilidades que se tienen cuando se da una emergencia, pero precisamente la gestión integral es lo opuesto, es no llegar a estas situaciones y prevenir de una manera más realista”, dice a Proceso la doctora en geografía con especialidad en geomorfología por la Universidad de Londres.
La maestra Oralia Oropeza Orozco, especialista en geografía de riesgos y quien participó en la elaboración de la cartografía sobre inundaciones para el Nuevo Atlas Nacional de México 2007, sostiene que mientras se mantenga la política reactiva y no de prevención, los desastres por inundaciones aumentarán, pues en los últimos años aumentó la vulnerabilidad de la población a consecuencia de la falta de planificación territorial, la construcción de vivienda en sitios peligrosos y por los índices de marginación y pobreza de las comunidades indígenas y campesinas.
Es un problema muy complejo “porque también hay intereses políticos, económicos y de otro tipo, que son causas de desastres a futuro”, señala la investigadora, cofundadora de la Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres.
