La Secretaría de Educación Pública (SEP) pagó 14 millones 210 mil 825 pesos a instituciones que colaboraron en la redacción de libros de texto gratuitos que se imprimieron y distribuyeron con faltas de ortografía.
En respuesta a una solicitud de información, la dependencia dio a conocer que su órgano interno de control (OIC) integró el expediente número DE-1079/2013, para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y, en su caso, sancionar a los servidores públicos responsables de los errores ortográficos.
A través de un comunicado, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) relató que un particular solicitó conocer el nombre de los integrantes del comité o del grupo de personas encargado de la redacción de los libros de texto gratuitos distribuidos con faltas ortográficas, así como el pago que se le hizo a cada uno de sus integrantes y si se les sancionó o no por los errores.
En respuesta, y por conducto de la Dirección General de Materiales e Informática Educativa, la SEP manifestó que la redacción de los libros de texto no estuvo a cargo de comité o grupo de personas alguno.
En una primera instancia, explicó que para la elaboración del material educativo suscribió un convenio de colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura(OEI), por un moto de 11 millones 130 mil 825 pesos, y otro con laUniversidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), por 3 millones 80 mil pesos.
Señaló que dichas instituciones participaron activamente en el proyecto y que, una vez que los libros estuvieron listos para ir a impresión, entregaron a la Dirección de Desarrollo de Innovación y Materiales Educativos y a la Dirección Editorial (áreas directamente relacionadas con la elaboración de los libros de texto) las maquetas terminadas, para validar o cambiar el material.
En cuanto a si se sancionó o no a los responsables, la SEP informó que el OIC, mediante el área de quejas, integró el expediente número DE-1079/2013 para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, remitirlo al área de responsabilidades, por presuntas irregularidades administrativas, que pueden derivar en la imposición de sanciones a los servidores públicos responsables.
Estas respuestas no dejaron conforme al solicitante, por lo que presentó un recurso de revisión ante el Ifai, mediante el cual manifestó que si bien la SEP indicó el monto pagado a cada institución, no precisó cuánto pago a cada una de las personas involucradas y tampoco explicó sobre el monto que recibieron sus servidores públicos.
Señaló también que la dependencia no precisó si se sancionó o no a dichas instituciones. El asunto fue turnado a la ponencia del comisionado presidente, Gerardo Laveaga.
En alegatos, la SEP indicó que el monto pagado a los servidores públicos involucrados en la elaboración del material educativo fue su salario mensual, información que es pública y puede consultarse en su Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), para lo cual proporcionó las ligas electrónicas correspondientes e indicó los pasos a seguir para obtener los datos.
En cuanto al monto pagado al personal de las instituciones que colaboraron en la redacción de los libros, reiteró su repuesta, con el argumento de que los instrumentos jurídicos suscritos no establecen la obligación de conocer los medios, recursos humanos y materiales utilizados por dichas instancias, por lo que no tiene conocimiento a detalle de quiénes intervienen en la elaboración del material.
En relación con las sanciones, reiteró que el asunto se encuentra sujeto a investigación por el OIC y aseguró que en cuanto se emita la resolución correspondiente, ésta será pública y podrá solicitarse a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Posteriormente, la SEP puso a disposición del particular la versión pública de los convenios suscritos con la OEI y la UAM-X.
