Por Alfredo Peña
Ciudad Victoria.- La Casa del Migrante de Reynosa, Tamaulipas, “Senda de Vida”, recibió por parte de las autoridades federales y municipales la notificación de una orden desalojo y en caso de que se resistan las instalaciones serán derrumbadas, informó Héctor Silva, presidente de la organización no gubernamental.
El aviso lo recibieron la noche el martes y ocurre en medio de una crisis de migración en la frontera con Estados Unidos, explicó el también pastor.
La controversia emana por una petición de ampliación del edificio que les ayudaría a albergar a más personas debido al sobrecupo que desde hace un par de años se viene presentando.
En el aviso que recibieron les explican qué el motivo se debe a que ocupan una zona federal perteneciente al Rio Bravo.
“Que es una cuestión de tener permisos, que es un zona que esta a orilla del rio Bravo, que es zona de inundaciones, sobre eso se basan nada más” dijo el pastor y encargado del edificio.
La casa alberga a 300 personas y ante el sobrecupo que se viene registrando desde hace varios años procedieron a realizar los hacer tramites necesarios para pedir permiso para ampliar. Fue así como recibieron la notificación emitida por la Comisión Internacional de Limites y Aguas de Mexico y los Estados Unidos (CILA) , encargada del Rio Bravo y de la dirección de Desarrollo Urbano perteneciente al municipio se Reynosa.
“Se prohibe la construcción de estructuras permanente dentro de la zona de inundación del rio Bravo y a juicio de la comisión puede constituir una obstrucción o desviación de la corriente normal o venidas de dicho rio” leyó parte del aviso.
Para el pastor la intención de derrumbar la casa que alberga anualmente a mas de 13 mil migrantes de todos los rincones del mundo se debe a cuestiones políticas.
“Hay cómo 300 casas habitación a orilla del rio y ni quienes le dijeran nada. Esas casas si se inundan y nosotros estamos en un área mucho mejor que ellos” expresó
El albergue cuenta con inversiones tanto de la Cruz Roja Internacional, organismos internacionales de Derechos Humanos, La ONU y ACNUR también perteneciente a la ONU.
Actualmente hay una inversión por parte del Gobierno de Tamaulipas.
“Aquí hay algo, mas que aplicar una ley, hay intereses superiores al menor y los derechos a los migrantes”.
La casa ha estado funcionando desde hace 17 años sin que haya tenido un problema por lo que se les hace extraño que ahora salgan con la notificación.
“Si llegasen a destruir o desalojar generarían una crisis de Derechos Humanos, del menor, adulto, de todo. Se generaría el problemón”.
